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Una y no más...
Sábado, 26/01/2008 - 19:34 -

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Carta a Rodriguez Zapatero.

Una y no más....

Los mecanismos de control del Estado no han sido capaces de detener a tiempo el mayor fraude al ahorrador producido en España, no sólo en dinero, 5.000 millones de euros, también en número de ciudadanos afectados, unos 460.000, en el que se vieron inmersos los clientes de Forum Filatélico.

Tal como le obliga la Constitución en su artículo 51, el Estado tiene la obligación de velar por los legítimos intereses económicos de los ciudadanos. Es sin duda una de las funciones más importantes que tiene y para lo que se la dota de importantes recursos procedentes de los impuestos de todos los españoles, incluidos los afectados.

Pero una vez que han fallado estrepitosamente los mecanismos de prevención, y ocasionado el daño, es como mínimo exigible, que la Administración analice detenidamente lo sucedido, con el objetivo de adoptar las medidas que eviten en el futuro sucesos similares.

Hasta el momento el Gobierno se ha limitado a completar la regulación, ya que era notorio que la que estaba en vigor, disposición adicional cuarta de la ley del 2003, era absolutamente insuficiente. En definitiva un pequeño parche, ya que el problema es mucho más profundo y bastante más complejo por estar involucrados muchos organismos de la Administración.

Que pasa por ejemplo con la Agencia Tributaria: ¿Como es posible que no fuera capaz de detectar un fraude durante 27 años de actividad, que según dice el Ministro de Economía, era tan fácil de detectar incluso para alguien con una mínima formación financiera?

¿Y las empresas de Auditoría Españolas? ¿son todo lo independientes que deberían y garantizan una información contable reflejo de la realidad?

¿Es eficaz el funcionamiento del ICAC y su sistema de control y régimen sancionador?

¿Es el SEPBLAC realmente un servicio de prevención?, Hay que pensar que se han evadido grandes cantidades de dinero y encima ejecutado por personajes con largo historial delictivo.

¿Esta preparado el Ministerio de Consumo para controlar un sector de estas características?

¿Han servido de algo las Organizaciones de Consumidores y sus denuncias?. ¿Defienden realmente a los consumidores?, ¿No hay conficto de intereses?

¿Que pasa con la coordinación entre los distintos organismos oficiales?. Al parecer habia denuncias que eran peloteadas de unos organismos oficiales a otros y siendo ya patente el fraude parece que nadie asumía la responsabilidad, demorando el tiempo de respuesta de la Administración lo que permitió la extensión del daño.

¿Como es posible que con todas las denuncias existentes y alarmas disparadas en el 2003 se aprobara en el Congreso la famosa disposición adicional cuarta dejando actuar con cobertura legal y sin control a unas sociedades que movían fraudulentamente miles de millones de euros?.

¿Como se consiente que sea explotada comercialmente la imagen pública de altos cargos de la Administración?. ¿Como un Ministro de Justicia puede dar un premio a la excelente gestión a un director gerente que se encuentra inmerso en una investigación abierta por la Agencia Tributaria y que unas semanas mas tarde provoca una necesaria intervención judicial y al mismo individuo se le procesa con multitud de cargos?

Con todo este cúmulo de fallos no parece que el problema de fondo se resuelva únicamente y de manera definitiva con la puesta en vigor de una regulación específica para el caso. ¿Incompetencia?, ¿mala fe?, ¿descoordinación?, ¿pasotismo?, ¿Quien sabe?. Pero lo que esta claro es que si realmente hay voluntad de la lucha contra la corrupción e interés en reforzar el sistema para evitar en el futuro sucesos similares, la Administración debería de profundizar en lo sucedido.


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